La Guerra Del Agua, cada vez más cerca
Crecen los conflictos de la agricultura con otros rubros económicos por el cada vez más escaso recurso. La solución pasa por volver a reformar el Código de Aguas.
EL MERCURIO/
Santiago-Chile
(30/01/2009)
Arnaldo Guerra M.
La agricultura es una de las actividades económicas que más agua gasta. Los datos los entregó el empresario Ricardo Ariztía en un reciente seminario sobre el tema: para producir una tonelada de acero se requieren 250 metros cúbicos de agua, para refinar una tonelada de petróleo se necesitan 1.000 m3, pero para producir una tonelada de maíz se gastan 10.000.
Y el tema es mundial. A nivel global las sequías aumentan y las lluvias disminuyen. Pero el país tiene a la agricultura entre sus principales motores económicos y depende, principalmente de las lluvias para su abastecimiento hídrico.
"Están los estudios que avalan que la disponibilidad de agua a mediano y largo plazo en Chile se va a reducir sustancialmente. Se habla de 20 a 40%, por menos precipitaciones. Además, las reservas de nieve cada día disminuyen. Entonces, vamos a tener que enfrentar varios problemas porque la población va a aumentar, demandará más alimentos y producirlos significa mayor uso de agua", señala Samuel Ortega, director del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología, Citra, de la Universidad de Talca, miembro de la comisión presidencial sobre cambio climático.
Pero el problema no se agota ahí.
El agua provoca conflictos de la agricultura con el Estado y con otras actividades económicas con las que compite por el recurso, como la minería, las eléctricas o las sanitarias, que si bien todavía no dan para hablar de la guerra del agua, están acercándose a ella.
Y si bien, desde hace ya algunos años, se vienen haciendo intentos por limar las asperezas, al parecer no son suficientes. Para algunos especialistas, la mayor parte de las dificultades actuales nacen porque la reforma al Código de Aguas, puesta en vigencia en 2005, quedó corta y dejó en el aire muchos temas (ver recuadro).
Agricultura y las sanitarias
Según los productores, las empresas de agua potable muchas veces sacan más agua que la que les corresponde según sus derechos. "Existió un conflicto fuerte en la primera sección del río Maipo que fue resuelto, pero no ha ocurrido lo mismo en algunas secciones del río Aconcagua donde muchas veces las sanitarias sacan más agua que la que les corresponde", señala el presidente de la Comisión de Aguas de la SNA, Javier Carvallo.
El segundo conflicto, se deriva de la ley que otorga derechos sobre las aguas tratadas. "Por inadvertencia de la autoridad se incorporó en el decreto y, ahora, los antiguos derrames que usaba la agricultura pasan a ser propiedad de la empresa que los limpia. Eso causa un perjuicio muy grave en el patrimonio de productores de todos los tamaños que están aguas abajo, porque tienen que recomprar el agua. Lo paradójico es que tienen que recomprar algo que la ciudad les dañó durante años y nunca nadie les pagó por ese perjuicio. Aquí hay una injusticia evidente que la autoridad tarde o temprano va a tener que arreglar", enfatiza Carvallo.
El rival histórico, la minería
Si bien con la minería siempre ha existido una competencia, ahora se aproximan nuevas áreas de problemas. El primero es por los yacimientos mineros que están sobre los 2.500 a 3.000 metros de altura. En esos sectores se encuentran los glaciares, los grandes alimentadores de agua superficial y subterránea. "Las actividades mineras son perniciosas para los glaciares, dependiendo de cómo se lleven a efecto. Es un problema que afectará a todos los usuarios", sostiene Carvallo. Si bien este problema hasta ahora es incipiente, se espera que aumente porque los yacimientos más bajos, como Chuquicamata, se están terminando y van a empezar a usar los que están en la alta cordillera.
Una situación más compleja es la que se está generando por la propiedad de las aguas. Legalmente las mineras están adquiriendo derechos de agua de los agricultores, lo que significa que los campos que antes se regaban, salen de la producción y, de paso, aumenta la cesantía. Además, si bien la agricultura es de alta demanda hídrica, usa sólo un tercio del año el agua, pero cuando el derecho se traspasa a la minería se ocupa el triple, con el consiguiente impacto en los acuíferos subterráneos, que ya presentan claras señales de agotamiento.
Una propuesta es que se bonifique el uso de otras fuentes de agua. "Algunas mineras han dado el ejemplo. La Escondida traslada agua de mar por alrededor de 150 km hasta la alta cordillera y, además, la desaliniza con una inversión enorme. Ha resuelto su problema y no ha dejado ningún damnificado en el camino", destaca Juan Eduardo Saldivia, subsecretario de Obras Públicas.
Para el subsecretario, en Chile existe un mercado del agua que funciona en forma imperfecta.
"El predominio del que puede comprar derechos de agua pagando cualquier precio es absoluto, en una situación en la cual el recurso se hace más escaso que no tiene una contrapartida institucional que permita manejar adecuadamente el recurso".
Un nuevo contendiente, las generadoras
Si bien el país ha buscado alternativas energéticas, las centrales hidroléctricas siguen jugando un papel preponderante. Los agricultores denuncian que éstas, para responder a las demandas del sistema interconectado, varían fuertemente los caudales de captación en sus bocatomas. Y las devoluciones son también con variaciones fuertes, que alteran la distribución de las aguas en los sectores agrícolas y de agua potable.
Por ello, se considera que los productores de energía debieran participar con los demás usuarios de la cuenca para llegar a una fórmula de convivencia. Pero las grandes generadoras no lo consideran. De hecho, Endesa, a fines de 2007, demandó al fisco porque éste le señaló que estaba obligada a formar parte de las juntas de vigilancia.
Cuidado con los lechos
Otro problema que ha ido adquiriendo fuerza es la explotación de áridos en los bordes de ríos. La excesiva extracción de las arenas hace que el nivel del lecho vaya bajando. Hay zonas donde se han medido entre cinco y ocho metros de descenso en la cota del lecho. Eso significa que las bocatomas se están quedando en el aire. "Esto no es teoría ni hipótesis. El canal Esperanza en el río Mapocho quedó sin agua", dice Carvallo. Y esto se puede repetir en cuatro bocatomas de la primera sección del río Maipo, que abastecen aproximadamente 50 mil hectáreas del Área Metropolitana.
Desde el Estado se toman algunas medidas. Según el subsecretario Saldivia, se acaba de publicar la ley de crecidas de embalses, que entre otras cosas, otorga facultades fiscalizadoras a la Dirección General de Aguas respecto de la explotación de áridos, y le permite aplicar sanciones.
"Por otra parte, los cauces son bienes nacionales de uso público y su cuidado y mantención es responsabilidad de las municipalidades y muchas de ellas no se hacen cargo de la debida fiscalización de los permisos que otorgan para extraer, y menos de los ilegales. En eso hay que avanzar, porque no sólo afectan a los regantes, sino la seguridad de la población porque intervenir un cauce puede traducirse en una crecida que inunde una población, e incluso provocar muertes al afectar la infraestructura pública, como los puentes, por la extracción irresponsable de áridos", añade el subsecretario.
Derechos perfeccionados
Tras la reforma al Código de Aguas se estableció la obligación a todos los regantes de regularizar y perfeccionar sus derechos de agua; es decir, tenerlos inscritos en un catastro especial, expresados en una equivalencia de volumen por unidad de tiempo. Pero por la demora, el costo que involucra y el colapso de juzgados de letras locales, sólo el 5% del total ha cumplido el trámite. La falta de regularización dejó a muchos productores sin poder postular a proyectos de la ley de fomento al riego u otros programas especiales. Para subsanarlo, se buscó una salida transitoria, tras un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso.
"La regularización es una necesidad, pero como es un acto individual a un pequeño agricultor le puede costar hasta 400 mil pesos. Además, el trámite toma de tres a seis meses. Hemos propuesto que se haga a través de las propias comunidades o las juntas de vigilancia respectivas, en forma colectiva, en un solo juicio", señala Carlos Ortiz, presidente tanto de la Federación de Juntas de Vigilancia de la Sexta Región , como de la junta de Río Claro, en Rengo.
Frente a estos problemas, se presentó un proyecto de ley que busca liberar la situación, sin dejar de lado la necesidad de contar con la información al día sobre los derechos. Junto con eso, en el presupuesto 2009 se le otorgaron recursos a la DGA para que este año inicie el proceso de transformación e inscripción.
"El interés del Estado de contar con información es su responsabilidad y debe generar las condiciones para que los particulares inscriban o registren adecuadamente sus derechos",sostiene Juan Eduardo Saldivia.
Seúl(Agencias).- Corea del Norte anunció ayer que anulará “todos los acuerdos de no confrontación política y militar” con Corea del Sur, y advirtió de la posibilidad de un nuevo enfrentamiento naval, en una escalada verbal que los analistas atribuyen a la intención de atraer la atención del nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
